Toda una sorpresa resultó la caprichosa decisión de decretar día festivo el 2 de febrero para celebrar los 10 años de la Revolución Bolivariana. Como un madrugonazo cualquiera, esta vez “domingazo”, se decreto por televisión que el el 2F había que celebrarlo, pero la cosa es que esta celebración no sería voluntaria, pues quien abriera sus santamarías sería sancionado y obligado a cerrar por la GN, fuerza que sin ningún decreto oficial (ya que nunca salió en Gaceta) que describiera el alcance de este asueto forzado, amenazaba con aplicar multa (a discreción del funcionario, muy de moda en esta revolución). Toda una demostración de la barbarie revolucionaria hizo que se perdieran muchos millones de bolívares, mucha comida en almacenes y en las unidades de distribución; muchas personas que viven de lo que hacen cada día, el 2F les costó cara la celebración chavista y se quedaron en sus casas contando un gran hueco en su presupuesto de un mes que apenas comienza. ¿Con qué derecho un Gobierno hace esto? ¿Con qué derecho se lo permitimos? La seguridad jurídica, ya golpeada en los recién cumplidos 10 años, queda aun más en entredicho. Hoy es el decreto mediático de un día festivo ajuro, ¿qué será mañana? Pero la pregunta más importante: ¿Hasta cuándo lo permitiremos?
